El Gobierno se enfrenta a una ola de demandas por el estado de alarma

Concesionarias de infraestructuras, grupos textiles, hostelería y cadenas hoteleras reclaman cientos de millones por los sobrecostes incurridos en 2020 y 2021.

El Gobierno se enfrenta a una ola de demandas y reclamaciones por los sobrecostes que las empresas han asumido durante la declaración del primer estado de alarma y su posterior ampliación. Grupos de infraestructuras y de servicios, empresas textiles, la hostelera y cadenas hoteleras han emprendido acciones para que el Estado reconozca esos sobrecostes que, en su conjunto, podrían representar miles de millones de euros.

Entre las últimas empresas en mover ficha destacan las cadenas hoteleras Meliá y NH que exigen reclamaciones por un importe conjunto superior a los 200 millones de euros derivadas de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las pérdidas producidas por los cierres masivos de hoteles.

Pero los que iniciaron antes los trámites para reclamar la recuperación de ese negocio perdido fueron los contratistas del Estado. Empresas que se dedican a la explotación de aparcamientos, líneas de autobús, constructoras, estacionamientos regulados, autopistas, contratas de limpieza urbana o áreas de servicio, entre otras actividades, han reclamado por la vía administrativa a los órganos concedentes la recuperación de los sobrecostes asumidos.

“El Gobierno adoptó medidas excepcionales que pusieron en peligro la supervivencia de un negocio que, por
contrato, tiene derecho a ser reequilibrado”, asegura el directivo de un grupo concesional que ha llevado por la vía
contencioso-administrativa a Transportes al no reconocerle ninguna compensación por las caídas de tráfico en sus carreteras. Grupos como Abertis, Cintra (Ferrovial), Sacyr, Cointer (Azvi), ACS, entre otros, creen que tienen derecho a ser compensados y, por esa razón, ya han presentado o están acumulando facturas para presentar las demandas de reequilibrio una vez venza el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

La gran bestia negra de los contratistas públicos ha sido Aena, que desde el principio de la cuarentena sanitaria forzó a sus proveedores a aceptar nuevas condiciones para afrontar por el cierre de aeropuertos y suspensión de vuelos. La batalla comenzó con una serie de instrucciones del gestor aeroportuario para que sus proveedores renunciasen a compensaciones por la paralización de los trabajos. “El grupo estatal nos pide la limpieza de todo el aeropuerto pero solo nos paga por el número de pasajeros gestionados cuando las terminales están vacías”, denuncia uno de los contratistas de Aena.

Además, grupos como Alsa, Arriva o Avanza, entre otros, recibieron en 2020 9,5 millones para reequilibrar concesiones estatales y el Gobierno las ha vuelto a reequilibrar este año con una partida de más de 20 millones.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, avanzó a las empresas, durante la presentación de un informe de KPMG para la patronal Confebus, que están comprometidos otros 3.600 millones de euros para ayudar a la transformación del sector. Estos fondos se destinarán a la compra de flota menos contaminante, digitalización o para la construcción de nuevos intercambiadores o vías BusVao.

En el ámbito del comercio, la patronal textil Acotex se replanteaba su estrategia; “Lo estamos estudiando. No lo descartamos para nada, aunque todavía no hemos tomado una decisión al respecto”, indicó ayer su presidente, Eduardo Zamácola. El sector calcula que los cierres y restricciones al comercio provocados por la pandemia le han provocado hasta el momento una pérdida de facturación de 9.000 millones.

Algunos de los principales grupos textiles nacionales, que por el momento no quieren aparecer públicamente, indicaron ayer que estudiarán de cerca los acontecimientos para valorar si desarrollan acciones legales o no, aunque reconocieron que esta posibilidad no está aún encima de la mesa.