La Audiencia ve ilegal el golpe fiscal de 5.000 millones de Montoro a las empresas

Apunta que no se puede modificar un impuesto esencial como Sociedades vía Real Decreto-ley: “Existen dudas fundadas de la constitucionalidad del Decreto”, traslada la Audiencia.

Cree inconstitucional la subida de Sociedades que lanzó Montoro en 2016 en vigor, que obliga a tributar por pérdidas, y decide trasladar al TC el recurso de una multinacional, al que siguen cientos. 

La Audiencia Nacional considera inconstitucional la subida del Impuesto sobre Sociedades por una cuantía de 5.000 millones que lanzó en 2016 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por lo que traslada al Tribunal Constitucional (TC) el recurso de una multinacional. Así lo establece la Audiencia en un auto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en el que analiza la legalidad del Real Decreto-ley 3/2016 del Gobierno del PP, que en diciembre de 2016 aprobó una subida masiva de la tributación empresarial para intentar contentar a Bruselas por el descontrol del déficit público.

Este sistema es el que está ahora en vigor. La Audiencia ha recibido una primera impugnación de esta norma por una empresa, pero al apreciar inconstitucionalidad, debe paralizar su análisis y remitirse al Constitucional. La anulación de esta subida, clave para la recaudación tributaria, supondría un importante agujero a las arcas públicas.

Montoro cargó a las empresas una subida en diciembre de 2016 retroactiva en la que les obligó por primera vez a lo que se considera tributar por pérdidas, lo que denominó reversión de los deterioros de valor de participaciones. La medida fuerza a las empresas a devolver en cinco años lo que se dedujeron en ejercicios pasados por pérdidas. Se acompañó de otras subidas, como una limitación a la compensación de bases negativas. El recurso que ahora se plantea sigue muy de cerca el de un triunfo judicial de las empresas en un caso similar.

El auto que plantea la cuestión de inconstitucionalidad de la Audiencia Nacional reproduce la sentencia del TC del pasado junio que declaró la inconstitucionalidad del Decreto-ley 2/2016 de pagos fraccionados, que elevó a la estratosfera estos anticipos en Sociedades dos meses antes que el Decreto ahora cuestionado, y también de forma retroactiva. La Audiencia plantea ahora tres motivos de inconstitucionalidad sólo en la forma, es decir, en realizar este hachazo vía Real Decreto-ley. En primer lugar, que el Decreto ley modifique “el Impuesto sobre Sociedades, el cual constituye un pilar básico de la imposición directa en España junto con el IRPF”. El recurso se ha planteado por la reversión de deterioros o tributación por pérdidas y hay otros por la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, pero el auto de la Audiencia enumera todas las subidas de Sociedades en cuestión, sobre las que plantea visos de inconstitucionalidad, que “afectan a aspectos claves del Impuesto”: Además de las dos alzas citadas, enumera la imputación de rentas negativas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o fondos propios de entidades participadas; los efectos fiscales de las variaciones de valor por aplicación del criterio de valor razonable; la exención de dividendos y rentas derivadas de transmisión de valores, y la eliminación en base de doble imposición. En tercer lugar, al auto señala que “estos preceptos inciden directamente sobre la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, elemento estructural del tributo, que constituye la base de cálculo sobre el que se aplica el tipo, del que deriva la cuantificación de la cuota tributaria. Es por ello evidente que la regulación de la determinación de la base imponible del impuesto afecta a un elemento esencial del tributo”. “Entendemos, por tanto, que existen dudas fundadas de constitucionalidad del artículo 3 Primero del Real Decreto-ley 3/2016”, concluye.

La multinacional que recurre también ataca el fondo del Decreto por considerar que atenta contra el principio de capacidad económica que consagra la Constitución, por el que no se puede hacer tributar más de lo que se puede, de lo que hacer tributar por pérdidas a las empresas y revertir el propio objeto del Impuesto sobre Sociedades, gravar los beneficios, puede ser un claro ejemplo. Y así lo planteará al Constitucional. Se presenta así otro posible agujero para Hacienda, que se sumaría a los que ya le han generado en los tribunales los fondos soberanos, de pensiones y de inversión, entre otros, a los que tiene que devolver cantidades multimillonarias.