Los ERTE sujetan el mercado laboral, reduciendo en un 5,4% los despidos

Los 5 juzgados de Valladolid recibieron el pasado año 1120 asuntos relacionados con extinciones, pese a la complicada situación de las empresas, frente a las 1184 del ejercicio anterior

La mayoría de empresas se enfrentó en 2020 a uno de los años más complicados de las últimas décadas. Algunas simplemente porque no podían trabajar y otras porque se vieron lastradas por situaciones derivadas de la pandemia.

En este contexto se podría pensar que los despidos iban a ser generalizados, pero lo cierto es que no ha
sido así. Según los datos recientemente publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los cinco juzgados de lo social de Valladolid recibieron el año pasado 1.120 casos relacionados con un proceso de despido, un 5,4 por ciento menos que en el año anterior. Esta cifra no representa el número total de extinciones de contratos, porque solo refleja las que acaban en un juicio, pero sí sirve para demostrar una tendencia que dice que estos procedimientos, lejos de dispararse por la crisis, se han reducido.

Y hay una razón fundamental para que esto no haya sucedido: la puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, una medida incluida en el Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Unos ERTE específicos para empresas afectadas por la crisis de
la covid que han servido para evitar una sangría de cierres. Al menos eso es lo que opinan los sindicatos.

El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, recuerda que la Comunidad llegó a tener más de 200.000 trabajadores en regulación durante los primeros meses de la crisis, algunos de los cuales, probablemente, no podrían haber conservado su trabajo sin estos expedientes. Bien es cierto que con la recuperación progresiva de la actividad esa cifra se ha ido reduciendo y al cierre del año pasado eran 34.695 empleados
los que seguían en ERTE en Castilla y León, 8.014 en Valladolid. «No ha sido un año marcado por la destrucción de empleo, sino por la inactividad empresarial», añade.


Antes de la pandemia, los ERTE obligaban a las empresas a pagar la cotización a la Seguridad Social de sus trabajadores, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal el que abonaba el 70 por ciento de su base reguladora a cada empleado. Sin embargo, los ERTE de fuerza mayor exoneran a las empresas también de esas cuotas. Eso sí, existe una cláusula de salvaguarda del empleo que obliga a las empresas que despidan a estos empleados, durante los seis siguientes meses a su incorporación, a pagar todas las cuotas de las que hayan sido exoneradas más los intereses de demora.

El mismo presidente-decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, ya avisó hace unos
meses de que estos ERTE podría convertirse en expedientes extintivos si no se dota a las empresas de herramientas de flexibilidad.